La posición del PRO a favor del veto a la Ley de Financiamiento Universitario envalentonó a Milei

A dos días del debate en la Cámar de Diputados, el PRO confirmó que apoyará el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, tras una reunión entre los principales referentes del espacio que encabezó el expresidente Mauricio Macri.

El Gobierno se envalentonó: adelantó que tampoco mejorará la oferta salarial del 5,8% de aumento a los docentes, quienes vienen advirtiendo que la pérdida de poder adquisitivo desde que comenzó el año llega hasta el 50 por ciento.

En un comunicado, el PRO recordó que el bloque ya había rechazado la ley de Financiamiento en forma mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas y remarcó que ahora que está en discusión el veto sigue «pensando lo mismo».

En este punto, enfatizó son «coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante».

«Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia», agregó. Además, consideró que el Congreso «no debe atribuirse competencias del Ejecutivo definiendo una paritaria salarial por ley».

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Además, sumó una dura crítica al radicalismo: «Rechazamos el populismo legislativo de fuerzas como la UCR que mientras defiende el aumento de presupuesto a las universidades, se opone a la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias».

Aunque la decisión final del espacio es apoyar el veto, el partido que lidera Macri no se ahorró críticas a la gestión de Milei en estos primeros diez meses de Gobierno y le pidió que «incluya las necesidades de las universidades en el proyecto de Presupuesto 2025 de manera prioritaria».

«Habiendo pasado diez meses de gestión el Gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio Gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado», apuntó.

El PRO marcó falencias en la gestión que el Gobierno llevó adelante con las universidades nacionales: primero, la decisión de «prorrogar el presupuesto del año 2023 sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024»; segundo, «no terminar de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación», organismo responsable de auditar a las universidades; tercero, no constituir la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN.

Los dos últimos puntos que cuestionó es que el Gobierno «no derogó la resolución del exprocurador Carlos Zannini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN, organismo auditor del Poder Ejecutivo, auditar a las universidades»; y por último que «llegando al último trimestre del año no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga tranquilidad a docentes y estudiantes».