El sacerdote Justo José Ilarraz, expulsado en diciembre pasado del estado clerical por el entonces papa Francisco, fue beneficiado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que revocó el fallo que lo había condenado a 25 años de prisión por abusos sexuales en perjuicio de seminaristas entre 12 a 15 años.
El tribunal de tres miembros – Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti -, estimó que los delitos sufridos por los jóvenes habían prescripto cuando Ilarraz, hoy de 66 años, fue juzgado.
A fines del siglo pasado, Ilarraz – como prefecto de disciplina -, tenía bajo su tutela a estudiantes de primer y segundo año de la escuela Nuestra Señora del Cenáculo, en la entrerriana ciudad de Paraná.
Inicialmente, las víctimas denunciaron a Ilarraz ante la Iglesia. En 1995, un tribunal diocesano lo encontró culpable, pero se limitó a trasladarlo a otra ciudad y, luego, al Vaticano, a estudiar Misionología. Más tarde regresó al país y fue enviado a una parroquia en la provincia de Tucumán. En 2012, sus víctimas, que ya tenían más de 30 años, resolvieron denunciarlo ante la justicia penal.
La justicia de Entre Ríos -consignó el diario el País, de Madrid -, entendió que los delitos no estaban prescriptos, como alegaba la defensa. Consideró que se trataba de crímenes de “inusitada gravedad”, equiparables a delitos de lesa humanidad imprescriptibles, que “afectaron y aún afectan a familias que por su fe y convicciones entregaron a sus niños para el aprendizaje sin sospechar que ellos serían víctimas de actos horrendos de abuso, que exceden los límites de los ilícitos comunes”.
El juicio se realizó y concluyó con la condena a Ilarraz por corrupción de menores y abuso deshonesto agravados por ser encargado de la educación de las víctimas.
Ayer, la Corte Suprema aceptó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Ilarraz y dispuso su sobreseimiento por prescripción de la causa.
Humanidad 
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