Un «coto de caza» para perpetrar «corrupción sexual» en la función pública

La «naturalización» de funcionarios públicos denunciados «por violencia sexual» y que siguen en sus cargos, fue destacadada por Poder Ciudadano. «Esto es posible – aseveraron María Benavides y Karina Kalpschtrej – porque el Estado no cuenta con herramientas concretas y a veces tampoco la voluntad política para sancionar a los agresores».

En una nota de opinión, hicieron referencia a los «aberrantes ataques» cometidos en la legislatura bonaerense. Consignaron que luego de «la indignación, se diluye el interés (en el tema) y desaparece de la escena».

«Este fenómeno – indicaron las autoras – tiene nombre: es corrupción sexual y ocurre cuando la corrupción y la violencia sexual operan juntas. Los datos recabados en el marco del Observatorio Reportar de Poder Ciudadano, muestran que la gran mayoría de estos hechos son perpetrados por varones en ejercicio de la función pública o del empleo público».

«Las víctimas – precisaron – son mayormente mujeres, niñas y niños, aunque no exclusivamente. A la vez – si bien no es el tono generalizado -, lo que se está investigando en el Senado bonaerense es una dinámica detectada en otros casos: mujeres que, aunque no necesariamente ejercen la violencia de forma directa, operan como cómplices, encubridoras y partícipes necesarias de los hechos».

Dos cuestiones señalaron Benavides y Kalpschtrej: «Es un abuso de poder que propicia para los agresores el acceso impune a un ´coto de caza´ privilegiado por su función y sostenido con recursos públicos. Y es un abuso de poder doblemente repudiable porque se ejerce, generalmente, sobre las personas y grupos más vulnerables. ¿Cómo defenderse del abuso de poder cuando se comete desde el Estado? ¿Qué represalia no es esperable? ¿Por qué mujeres y diversidades tienen que elegir qué derecho dejar de ejercer para acceder a otros?».