Argentina Política

Consensos y serios reparos ante una Ley de Libertad Religiosa

La noticia cruda dice así: el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de Libertad Religiosa para garantizar a todos los cultos el ejercicio de derechos y beneficios largamente reclamados por organizaciones que no pertenecen a la Iglesia Católica.

El tema es complejo y su avance parlamentario un acertijo. De aprobarse, permitiría por ejemplo a los seguidores de Los Testigos de Jehová ampararse en la objeción de conciencia para negarse a recibir una transfusión de sangre. Y en el caso de los médicos católicos, a resistir la práctica de abortos.

En apariencia, a pesar de algunos serios reparos planteados a lo largo de décadas, hay mayoría de coincidencias entre las asociaciones religiosas y se cuenta con el impulso de El Vaticano.

La iniciativa legal reconoce a los fieles el derecho a “no ser obligados a prestar juramento o hacer promesa según fórmulas que violenten sus creencias; a recibir asistencia de los ministros de su propia confesión en lugares de internación, detención o cuarteles, y a conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que, según su religión, se dediquen al culto”. La objeción de conciencia alcanza al servicio militar y el “homenaje activo a símbolos patrios”.

En cuanto a los ministros de culto, estarán “exentos de la obligación de declarar sobre hechos que le hayan sido revelados en el ejercicio de su ministerio”. Y a los cultos se les reconocerá el derecho a tener instituciones educativas, hospitales, cementerios y medios de comunicación. Además, la inscripción en el Registro de Cultos (que pasará a llamarse Registro Nacional de Entidades Religiosas) dejará de ser obligatoria y los que no se anoten igual gozarán del derecho de asociación y de la libertad religiosa. Pero los que sí lo hagan recibirán beneficios impositivos, sus templos serán inembargables y sus ministros podrán ingresar a cárceles y hospitales para brindar asistencia espiritual.

La inscripción en el registro implica, de hecho, el reconocimiento de una personería jurídica religiosa, sin necesidad de ninguna otra inscripción o autorización. Este camino fue allanado con la modificación del Código Civil y Comercial, que incluyó a las confesiones religiosas en una lista de personas jurídicas privadas. Actualmente, los cultos -salvo la Iglesia católica- deben inscribirse como asociaciones civiles en la Inspección General de Justicia para responder a los requisitos legales. Esto siempre fue muy objetado por los cultos. En tanto, la Iglesia católica seguirá siendo una persona jurídica pública, sin necesidad de anotarse -como hasta ahora- en el registro.

vida

El proyecto contempla también una serie de modificaciones al Código Penal para castigar a quienes impidan el libre ejercicio de la libertad religiosa, agredan por motivos religiosos o profanen tumbas, por lo que crea la figura de los “delitos contra la libertad religiosa y de conciencia”.

En rigor, el proyecto se basa en otros proyectos que, desde la vuelta a la democracia, trataron de reemplazar a la Ley 21.745, de la dictadura militar, que creó el Registro de Cultos, considerada policíaca.

Las trabajosas discusiones acerca de una ley sobre estos temas comenzaron en el gobierno de Alfonsín y se intensificaron en el mandato de Menem. En la época del kirchnerismo, no hubo pasos adelante tampoco.

En Página 12 se consignaron las explicaciones de un académico chino: hay cuatro grupos de personas, repartidos en dos campos opuestos. En un campo están los que propugnan que haya una legislación, y en el otro los que se oponen. Pero el primer campo está dividido en dos grupos opuestos: los que quieren legislar para proteger la libertad religiosa y los derechos de los creyentes, y los que quieren legislar para limitar la libertad religiosa y controlar a los grupos religiosos regulando su funcionamiento. Obviamente entre esos dos grupos hay una fuerte oposición. En el campo de los que resisten una legislación, hay también dos grupos: los que temen que una ley limite su libertad y prefieren que el Estado no intervenga para nada en temas vinculados a la religión; y los que prefieren que no haya reglas legales claras para que el Estado, o sus funcionarios, puedan operar con mayor discrecionalidad en ese campo. Esas cuatro posiciones pueden encontrarse también en la Argentina.

Hay sectores evangélicos que manifiestan franca resistencia a la norma. En Resumen Latinoamericano, Stella Maris Manzano, sostuvo que ya en el párrafo consignado al comienzo de esta crónica queda patente que “es ante todo una ley contra los derechos de las mujeres y no a favor de una libertad religiosa que ya existe en el país. No hace falta esta ley para que los Testigos de Jehová no sean transfundidos. No se transfunde a nadie por la fuerza porque es un derecho constitucional el tomar decisiones sobre nuestra salud”.

 


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