El envío de un proyecto al Congreso para lograr que se suspenda por ley la aplicación de la actual fórmula de movilidad previsional es la parte del plan del Gobierno que, en materia de jubilaciones y pensiones, se conoce hasta ahora, informó Silvia Stang, en La Nación.
La intención de los funcionarios – dijo -, es otorgar reajustes a los ingresos por decretos, tras decidirlos de manera discrecional y en el marco del programa económico con el que se proponen llegar al equilibrio fiscal el año próximo. No hubo precisiones sobre cuánto tiempo se prolongará así la situación, ni sobre si, por ejemplo, se mantendrá una frecuencia trimestral en las recomposiciones.
Dada la herencia recibida, “se espera que la inflación siga su tendencia incremental, y los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo; el objetivo es cortar con este esquema perverso y mejorar”, dijo esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin dar más datos sobre cómo se guiarían las subas de las prestaciones.
La suspensión de la movilidad fue una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández. Apenas asumió, el expresidente envió una iniciativa al Congreso, que se convirtió en una ley que, entre otros varios puntos, declaró una “emergencia previsional” y estableció que no se aplicaría la fórmula de una ley aprobada a fines de 2017 por seis meses (luego la medida se prorrogó por otros seis meses, por lo que se mantuvo durante todo 2020).
Ese año dieron incrementos por decretos, que fueron diferentes según el nivel de ingresos y que en todos los casos se ubicaron por debajo de la inflación. Las subas fueron, en concreto, de entre 24,3% y 35,3%, en tanto que el índice de precios avanzó un 36,1%, y la fórmula que quedó suspendida hubiera determinado un reajuste de 42,1%.
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