Milei se blindó prevenido por la ofensiva del Congreso para flexibilizar el mecanismo de rechazo de los DNU

Por Jorge Liotti (La Nación)

El sol caía a pleno en una elegante bodega en la periferia de Mar del Plata donde se había reunido un nutrido grupo de participantes del coloquio de IDEA. Acodado sobre una mesa, un aliado del oficialismo admitía la preocupación profunda que hay en la Casa Rosada por la ofensiva opositora para flexibilizar el mecanismo de rechazo de los DNU – que tiene muchas chances de éxito en el Congreso -, y reconocía que la única vía que exploran apunta a intentar que el debate se postergue hasta el año próximo para que lo consuma el calendario electoral. El kirchnerismo, que inventó la regla que establece que hace falta la impugnación de las dos cámaras del Congreso para que un decreto pierda vigencia, ahora se arrepintió. El Pro, que en su intento por limitar a sus históricos rivales presentó proyectos para acotar ese mecanismo, ahora busca frenarlo.

Detrás de estos toques de elegante hipocresía, se esconde una amenaza certera al precario trípode que había construido Milei para gobernar en minoría: decretos, vetos y tercios. Todos mecanismos previstos en la Constitución, pero con un espíritu de excepcionalidad. La oposición se encamina a limarle una de esas patas en nombre de una mayor calidad institucionalidad. Pero todos entienden que se trata de la embestida más filosa contra el poder libertario, porque no condicionaría sólo una medida, como las jubilaciones o las universidades, sino todas sus decisiones. El Presidente revalida así su creencia de que quienes le demandan mayor cuidado por las formas en realidad buscan disimular sus verdaderas intenciones.

En todas estas aguafuertes costeras que dejó el coloquio de IDEA se evidenció la tensión irresuelta entre el ejercicio frontal del poder que emana de la tradición presidencialista, y la necesidad de una mayor institucionalización que la restrinja y la ordene, un clásico debate profundizado ahora por la excepcionalidad que representa el gobierno libertario. Milei está hoy claramente reafirmado en su papel y en su entorno reconocen que “así como hasta marzo sentíamos que era muy difícil avanzar con las medidas y había una amenaza cierta de que nos voltearan, hoy tenemos garantizada la gobernabilidad, estamos blindados políticamente”.

Esa percepción es muy nítida. Hasta los gobernadores aliados que estuvieron en el coloquio y reclamaron una “mesa del diálogo, no del insulto”, por lo bajo admiten que no tienen mucho margen para enfrentarse a la Casa Rosada. Igual que Mauricio Macri. Lo que durante el kirchnerismo era chequera y látigo, ahora se transformó en milanesa y Twitter. Es una versión más austera de la misma doctrina. Guillermo Francos suele decir en charlas informales que “a Javier no lo atrapa la política, pero entiende el juego del poder”. Tan es así que muchas veces se exacerba en peleas improductivas que podría dosificar para no abrir tantos conflictos al mismo tiempo. Se lo han aconsejado; pero ahí prevalece su iracundia.

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Al Presidente se lo nota siempre más cómodo con las rectas del presidencialismo que con las inflexiones del republicanismo. Las normas lo encorsetan, los debates lo impacientan, el Estado lo irrita. Quisiera hacer como en la televisión y arrancar de un tirón no sólo regulaciones y empleados públicos como hasta ahora, sino también atribuciones legislativas y judiciales. La Constitución de 1994 es desde su mirada una reversión desmejorada de la original de Juan Bautista Alberdi, que tuvo el mal influjo alfonsinista de estructurar el funcionamiento institucional en base a los consensos.

Se requieren dos tercios para nombrar un juez de la Corte Suprema o al Procurador General de la Nación, entendimientos para designar al Defensor del Pueblo, mayorías para tomar decisiones en el Consejo de la Magistratura. El problema del consensualismo virtuoso que demanda la carta magna es que la Argentina desechó hace tiempo la opción de los acuerdos para la construcción política, primero por la grieta, y ahora porque Milei entiende que los pactos sólo representan concesiones que desfiguran las decisiones. Es decir, el país tiene una constitución consensualista, pero no hay consensos. Un problema entre el diseño y el funcionamiento que traba desde hace tiempo a todos los gobiernos. El próximo round será el debate por el presupuesto, para cuando gobernadores, legisladores y hasta rectores esperan poder reparar las partidas que resignaron este año.