El gobierno de Putin rechazó acusaciones de la ministra Bullrich sobre espionaje en la Casa Rosada

La embajada de Rusia en Argentina rechazó de forma categórica, por «infundadas y falsas», las acusaciones hechas por el Gobierno argentino sobre la «la posible grabación de conversaciones telefónicas» en la Casa Rosada por «servicios de inteligencia rusos y venezolanos».

«Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa«, destacó en un comunicado la delegación diplomática rusa. Lo hizo después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntara a «personas ligadas a servicios de inteligencia rusos», y también venezolanos, en relación con los audios filtrados por un canal de streaming que se atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

«Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en la Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se ha aportado ninguna prueba al respecto«, expuso.

«Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver espías rusos en cada esquina es irracional y destructivo«, subrayó.

«Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos. El próximo mes de octubre, deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia», completó.

El caso de los audios que se le atribuyen a la hermana del presidente Javier Milei no para de tener capítulos. Luego de que el Gobierno denunciara «una operación de inteligencia ilegal», el mismo lunes, el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello prohibió la difusión de esas grabaciones, en medio de las críticas de la oposición y de varios abogados constitucionalistas, que consideraron la medida como «censura previa».

La cartera dirigida por Bullrich solicitó, asimismo, allanar el canal de streaming Carnaval, que fue el primero que difundió los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del principal accionista del canal de streaming Pablo Toviggino y del abogado Franco Bindi.

Este martes, el fiscal a cargo de la causa, Carlos Stornelli, firmó un dictamen para que se inicie la investigación, aunque aclaró que no se podrá allanar a periodistas y medios ni tampoco «hurgar en las fuentes».