Grave escalada en el Caribe por la decisión de Donald Trump de hundir una lancha «con terroristas»

El 2 de septiembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump ordenó un ataque militar en aguas internacionales del Caribe contra una lancha que, según Washington, transportaba droga desde Venezuela. El operativo dejó 111 y fue presentado como una acción de disuasión contra el narcotráfico, especialmente vinculado al grupo criminal Tren de Aragua, al que se le atribuyen presencia en diversas rutas clandestinas de Latinoamérica.

Trump justificó el ataque – que no tuvo advertencia, sino un impacto directo sobre la embarcación – argumentando que existían “grabaciones” y un video donde se observaban grandes cantidades de droga, así como evidencia de conversaciones entre quienes estaban a bordo, lo cual demostraba una amenaza directa a la seguridad estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio lo respaldó (no podía esperarse otra cosa), calificando a los tripulantes como “narcoterroristas” y anunciando que estos ataques podrían repetirse como medida disuasoria.

El Pentágono también consideró la operación como parte de una campaña militar sostenida en la región, respaldada por el despliegue de una flotilla de buques de guerra, destructores, submarinos nucleares y miles de efectivos estadounidenses en las aguas caribeñas cercanas a Venezuela. Esta escalada refleja un giro hacia una postura más agresiva y militarizada en la lucha contra los carteles.

La operación fue duramente cuestionada por expertos en derecho internacional. Se señaló que el uso de fuerza letal fuera de un conflicto armado es ilegal, salvo que haya una amenaza inminente, lo cual no fue demostrado. El ataque podría constituir una ejecución extrajudicial o una violación de los principios de proporcionalidad.

Organismos como Amnistía Internacional advirtieron que esta acción establece un peligroso precedente, socavando estándares de derechos humanos y normativas internacionales que protegen la vida y desincentivan el uso excesivo de la fuerza .

El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, condenó enérgicamente el ataque, , liderado por Nicolás Maduro, condenó enérgicamente el ataque, acusando a EE.UU. de fabricar pruebas, utilizando incluso inteligencia artificial para crear el video difundido como prueba del operativo.

Maduro denunció que Washington busca apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela – petróleo, gas, oro – y describió la operación como una agresión imperialista dirigida a derrocar su gobierno.

En respuesta, activó la movilización de la milicia nacional y reservistas, elevó la tensión regional y reiteró que el país se encuentra ante la “amenaza más grande en América en los últimos 100 años”.

La operación provocó una ola de reacciones. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó el ataque como un asesinato desmedido, afirmando que se deberían capturar a los traficantes y no matarlos, y apuntó que quienes suelen ocupar esas embarcaciones son jóvenes pobres usados por organizaciones criminales.

Mientras tanto, algunos países apoyaron la acción. La primera ministra de Trinidad y Tobago expresó apoyo explícito a la operación, justificando la necesidad de eliminar violentamente a los traficantes , un mensaje que generó polémica a nivel internacioanl.

A nivel geopolítico, exfuncionarios estadounidenses alertaron del riesgo de que esta escalada derive en una crisis regional de mayor envergadura, incluso en un conflicto armado con carácter prolongado, similar a insurgencias en zonas complicadas. También advirtieron que la operación refleja una tendencia hacia la militarización de políticas antidrogas, con implicaciones que exceden la justicia penal convencional.