Una radiografía parcial de la gravedad de lo que acontece en la zona de médanos de La Frontera, en la zona norte de Pinamar, incluyó aspectos burocráticos y de intereses entre sectores privados y la municipalidad administrada hoy por la Alianza La Libertad Avanza.
Luego del accidente entre una camioneta y un vehículo de tarea utilitaria (UTV), que dejó al borde de la muerte a un niño de 8 años y heridas en otras personas, Pinamar Diario dio cuenta de la repitencia de estos hechos que comportan por lo menos negligencia y dejar hacer; afirmó que obedece a la puja entre dos grupos empresarios y a las supuestas «limitaciones» que sufre la comuna dirigida por Juan Ibarguren para regular una actividad que se viene cobrando vidas hace muchos años.
Cuando los medios nacionales amplifican las tragedias, los locales se suman tímidamente, haciendo las menores puntualizaciones específicas posibles.
«La Frontera opera bajo su propia ley; la velocidad, el alcohol y la falta de cascos dominan», advirtió la publicación dirigida por Víctor Gamarra.
Según el informe, existiría un plan de seguridad integral que «permanece frenado» por parte de un sector «de la familia Gualtieri» y ha convertido al lugar «en una zona liberada» para que se descargue la adrenalina con potentes máquinas 4 x 4 sin medir las consecuencias, muchas veces trágicas.
El estupor y las miradas de «yo no tengo nada que ver» recorre los pasillos de la Municipalidad, el Concejo Deliberante local y los dueños de los paradores. El portal aseguró que no se trata de «falta de recursos».
Reveló que la firma Pinamar Sociedad Anónima (fundadora de la ciudad) es la que impulsa la propuesta de normalización y orden, sin poder vencer las trabas de «la familia Gualtieri», propietaria de una extension minoritaria, pero donde se encuentran las mayores «ollas» y zonas de riesgo.
La publicación omite casi expresamente nombres. Aseguró que «un grupo de empresarios» está tratando de garantizar seguridad y preservación del ecosistema. Eso a través: 1) de puestos controles permanentes, con garitas de seguridad y asistencia médicas en zonas estratégias de los médanos, financiados por el sector privado; 2) establecimiento de circuitos técnicos que sepran los sectores de recreación familiares de otros concurridos por pilotos experimentados (se tratan de evitar los cruces mortales); 3) colocación de señales inteligentes, cn cartelería reflectiva y banderines obligatorios mediante un sistema de precintos de acceso; y 4) cobro de canon por ingreso, destinado al mantenimiento de ambulancias preparadas y presencia policial en el corazón de las dunas.
La viabilidad de las medidas de protección dependerían, de acuerdo con el portal, «de la voluntad de quienes ostentan la titularidad de las tierras».
«El ordenamiento en La Frontera es la única vía que se la termine clausurando definitivamente», declaró a Pinamar Diario Nicolás Alfaya, uno de los inversores en el lugar.
La cuestión «está en un limbo«, dijo el diario. Todos juegan «Al gran bonete». En este caso, el firulete no es nada chistoso.
Humanidad 
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