Opinión Sociedad

La trama del descontrol en los médanos de Pinamar, según un historiador y académico de la UBA

Jorge Ossona, profesor de historia económica y social de Argentina, señaló que el caso de "las picadas" - varias trágicas - en los médanos de Pinamar, habilita el abordaje de otros niveles de anomia institucionales. Datos que sorprenderán.

Por Jorge Ossona (Clarín)

Desde principios de este mes, los medios venían advirtiendo sobre la potencial volatilidad de las “picadas” en los médanos de La Frontera y La Hoya en Pinamar. La mayor afluencia de turistas incrementó el ingreso a estas verdaderas “zonas liberadas” de sociópatas pseudo deportistas montados en sus motos, cuadriciclos, camionetas 4×4 y UTVs.

Constituyen, como en todas partes, una minoría violenta pero que en nuestro país posee la franquicia de una impunidad garantizada por sectores venales del poder que participan, festejan, o lucran con sus “proezas”.

El deporte suele ser la coartada para la descarga de sus trastornos emocionales condensados en tribus que desafían a la sociedad normal. Un segmento sociocultural cuyos valores cardinales son el fanatismo, la presunción de superioridad, su trasmisión hereditaria, el desafío a los límites legales; y sus destrezas de dejar en ridículo a los agentes del orden. Las redes sociales facilitan sociabilidades, reconocimientos y contactos políticos para eventuales aprietes también “desde arriba” a las autoridades públicas dispuestas a forzarlos a cumplir la ley.

Un síndrome que da cuenta de varios procesos históricos durante las últimas décadas: el deterioro del Estado, la crisis educativa y la corrupción. Caldo de cultivo de la entrega a las pasiones narcisistas asociales, el desprecio por la convivencia civilizada y hasta de la propia vida humana.

Ossona: Pinamar, la meca de la política estival desde los 90

Así lo prueba la saga de estas prácticas playeras: más del 60% de los fallecidos durante el último lustro fueron menores de edad irresponsablemente dotados de estos vehículos por sus propios progenitores. Pero el caso pinamarense habilita el abordaje de otros niveles de la anomia institucional.

Pinamar fue fundada en 1943 por el arquitecto Jorge Bunge quien, bajo el auspicio de la familia Guerrero, diseñó una verdadera “ciudad jardín” forestando médanos con miles de pinos y conjugando playa, mar y bosque para una sociabilidad fraternalizada por el amor a la naturaleza. A tales efectos se constituyó la firma Pinamar S.A. encargada del desarrollo inmobiliario y el respeto por sus preceptos fundacionales.

Así, durante los siguientes cincuenta años. Desde los ’90, comenzó la distorsión de la trama original a raíz de megaproyectos habitacionales asociados, a su vez, al juego. Simultáneamente, se convirtió en la meca de la política estival.

Fue el destino elegido por el entonces presidente Menem para estrenar su Ferrari recorriendo en tiempo record el trayecto desde la Capital transgrediendo todas las normas de tránsito. Los intereses venales no tardaron en radicarse resonando en el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas quien seguía los pasos del fantasmagórico empresario Alfredo Yabrán.

Significativamente, fue en ese tiempo que en algunas playas se empezó a practicar el motocross informal e invasivo con motos, buggies, triciclos y camionetas de gran porte. El descontrol se incrementó durante las décadas siguientes hasta el actual protagonismo estelar de los UTV. Llegados a este punto, el análisis se topa con un verdadero punto ciego: la impotencia municipal y provincial de disciplinar esos circuitos mediante su reglamentación legal. Antídoto indispensable para alejar a los sociópatas que caricaturizan al deporte y a sus cohortes de seguidores y aprendices. La cuestión es la difusa línea divisoria entre la esfera pública de las playas, regidas por el código civil; y la privada de los propietarios adyacentes.

La Frontera, perteneciente a la primigenia empresa de Bunge, siempre ha expresado su disposición a colaborar con el cumplimiento de la ordenanza 4794/16 que, acoplada a la legislación provincial y al artículo 193 bis del código penal y a la ley 24.449, prohíbe el tránsito de todo tipo de vehículos en las playas y médanos contiguos. La Hoya, en cambio, se asocia con la figura espectral del ex contratista de obras públicas Victorio Gualtieri – quien, al compás de sus negocios multimillonarios con la gobernación duhaldista – compró miles de hectáreas para futuros emprendimientos en línea con los citados desvíos del plan original. Pero su firma quebró en 2001 debiendo entregar enormes lotes – no todos – a sus acreedores en concepto de embargos y ejecuciones que convirtieron a su área primigenia en un rompecabezas dominial de imposible cercamiento.

En 2018, el municipio puso la norma en marcha. Financiándose con una ecotasa, trazó empalizadas, corredores seguros, pistas direccionadas, carteles instructivos brindando servicios básicos de limpieza, higiene y primeros auxilios para los competidores profesionales exigiendo licencias e indumentaria de seguridad. Sin embargo, los inadaptados le declararon la guerra utilizando senderos clandestinos. El sabotaje se acentuó luego de la cuarentena sumándole a las trabas catastrales las políticas entre la PBA y la comuna gobernadas por signos opuestos.

A ello, cabe sumarseles los intereses turísticos en las antípodas de la con concepción del fundador, entre los que se destacan las automotrices, sus estribaciones comerciales, mecánicas y de guardería. Un dato emblemático, en ese sentido, lo constituye el hecho que los fabricantes de UTV encentran en el país un mercado mucho más grande que el de Brasil y los propios Estados Unidos.

Un buen indicador de los niveles de impunidad local facilitados por este juego de trabas reciprocas contrarias al interés general extensible, en mayor o en menor medida, al resto de la costa atlántica. También, a todos los centros urbanos del país explicando nuestro lugar en el ranking a escala mundial de accidentes de tránsito.

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