En un escenario de «debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económica-financiera, de características transnacionales, tiende (en el siglo XXI) a predominar sobre la política», Francisco propuso «reformar tanto la Organización de las Naciones Unidas» como «la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones», en tiempo de pandemia.
En la encíclica Fratelli Tutti, la tercera de su papado, que firmó sobre la tumba de San Fracisco de Asís, afirmó que «se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar».
Aclaró que «cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Sin embargo, al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la rradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales».
También subrayó que «sin duda esto supone límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad cooptada por unos pocos países, y que a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas».

Porque – apuntó -, la Comunidad Internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia».
Argumentó además que «la labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del Preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. […]».
«Hay que asegurar – subrayó -, el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental».
Alertó, en paralelo, que «es necesario evitar que esta Organización sea deslegitimizada, porque sus problemas o deficiencias pueden ser afrontados y resueltos conjuntamente».


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