«El kirchnerismo nunca renegó de cerrar un acuerdo con el FMI, sin embargo le reclamaba al organismo que diferenciara el reconocimiento de la deuda legítima de la ilegítima tomada en el stand by de 2018″ por el gobierno de Mauricio Macri, reveló hoy en exclusiva Carlos Burgueño en MDZ.
En su información, explicó: «la primera esta formada por el monto exacto que le hubiera correspondido a la Argentina por su participación en el organismo, y la que no debería haber superado los US$20.000 millones. Por este dinero, «Argentina y el Fondo podrían haber negociado un Facilidades Extendidas con las condiciones que el organismo impusiera, y que forman parte del acuerdo que se aprobará hoy en Washington. El resto del pasivo, unos 24.700 millones, no deberían haber formado parte del Stand By, y, en consecuencia, sería deuda ilegítima. Y por esto, debería haberse negociado por separado y en condiciones especiales y diferentes a un clásico Facilidades Extendidas».
«Esas condiciones especiales – reveló – eran puntuales y mensurables. Se reclamaba un plan de pagos a más de 10 años (en lo posible 20), una tasa de interés especial de 1,05% (no el 4,05% que se le cobra a los países deudores recalcitrantes como Argentina), sin misiones de control trimestrales y, obviamente, sin ningún tipo de reclamo de ajustes monetarios, cambiarios y mucho menos fiscales».
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Finalmente, estableció: «pero fundamental y más importante que lo anterior, se le exigía al organismo que reconozca pública, abierta y explícitamente, sin dar lugar a grises en las interpretaciones, la culpabilidad judicial por haberle otorgado ese crédito a Mauricio Macri».
«Que en ese acto se confirme en algún documento con el sello del FMI – agregó -, que se le brindó el dinero por cuestiones electorales para que se mantenga en el cargo y no vuelva el kirchnerismo al poder, y que se reconozca que se le dieron dólares a la Argentina no para pagar deuda sino para financiar una supuesta fuga de divisas a tenedores de pesos; algo que está prohibido por el estatuto del organismo».
«En consecuencia – concluyó Burgueño -, el FMI debería luego habilitar que se juzgue en Buenos Aires a todos los funcionarios que intervinieron en 2018 el otorgamiento de ese crédito y 2019 en la habilitación para usar dólares para financiar salida de depósitos; comenzando por la ex directora gerente Christine Lagarde (hoy manejando el Banco Central Europeo), el ex número dos David Lipton (que actualmente es el principal asesor de la secretaria del Tesoro Janet Yellen y el ex director gerente para el Hemisferio Occidental Alejandro Werner, quién trabaja en estos tiempos como analista y conferencista privado en el Hemisferio Norte. Según el kirchnerismo los tres deberían declararse culpables y venir a declarar a Comodoro Py».
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