La decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de poner vallados policiales en el barrio de La Recoleta, donde reside la expresidenta Cristina Kirchner – a quien el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos, en la causa Vialidad -, tuvo un efecto negativo y amplió la tensión entre uniformados y militantes K, informó hoy el portal Expediente Político (EP).
En una escueta información, EP señalo que el estado de movilización permanente impulsada por los sectores que adhieren a la Vicepresidenta, acompañados de otros estamentos del Partido Justicialista, culminaron en este sábado en forcejeos, palos y heridos de ambos lados.
En medio de las trifulcas se observó, entre otros, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a Gabriela Cerutti, portavoz del presidente Alberto Fernández y al dirigente de la economía popular, Juan Grabois.
«Torpezas y fanatismo pueden conducir a un cóctel explosivo», indicó el sitio dirigido por el periodista Horacio Caride. «Los militantes K denunciaron infiltrados (en sus filas) y excesos de la policía porteña», escribió.
Humanidad 
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