Un manto de sospechas y desconfianza sobre un administrador de un conocido edificio céntrico de 17 pisos de Pinamar, planteó la propietaria de una de las unidades, en una carta de lectores aparecida hoy en el diario Clarín. Se quejó de la realización de una asamblea realizada en CABA, donde se aprobó – sin el consentimiento de varios dueños -, un presupuesto millonario que no contempla el monto de los materiales a utilizar, ni identifica a las unidades afectadas por supuestos daños estructurales.
En la nota, apoyada por otros dueños, entre ellos Ernesto Jackson, también hay un llamado de atención la inexistencia en el municipio que encabeza a Juan Ibarguren (flamante miembro de la Alianza La Libertad Avanza), de un organismo público que atienda y canalice este tipo de conflictos en consorcios de la localidad balnearia. A continuacion, el textual de la carta abierta:
«En la ciudad de Pinamar, en las esquinas De las Toninas y De las Artes, se levanta desde hace años un edificio de 17 pisos, conocido como Ática II. Está en muy buen estado, tanto en lo estructural como en su aspecto. Sin embargo, los propietarios hemos quedado sorprendidos ante lo ocurrido en una asamblea realizada en CABA el pasado 4 de julio, donde la administración del consorcio (un administrador y un cuerpo de consejeros) presentó la necesidad de realizar una serie de arreglos generales (dinteles, mapostería, pintura y supuestos daños estructurales).
Nadie podría negar la importancia de conservar el edificio en condiciones, pero lo llamativo es que se aprobó un presupuesto de $ 55 millones más IVA, que no incluye materiales. Un dato esencial para cualquier obra.
Algunos propietarios no pudimos participar de aquella asamblea, envíamos vía mail nuestro voto negativo a tal propuesta, cuestionando la falta de precisión: desconocemos el costo final, qué materiales utilizarán y en qué unidades se intervendrá (el edificio tiene 67 departamentos). Tampoco se brindaron detalles sobre propietarios afectados ni documentación visual de los daños.
A ello se suma otro aspecto que preocupa, ya que ante los reclamos de vecinos, la administración contrató un estudio jurídico de CABA por $ 200 mil pesos mensuales, costo que se cubrirá con las expensas comunes. Esto plantea dudas legítimas: ¿ese asesoramiento está destinado a proteger al administrador o a todos los copropietarios? En caso de ser solo para el administrador, parece razonable que lo costee él de manera personal.
La situación genera desconfianza y falta de transparencia en la gestión. En Pinamar, además, no existe un organismo público local que atienda y canalice este tipo de conflictos consorciales, lo que deja a los propietarios en un estado de indefensión frente a prácticas poco claras.
Ojalá que se abra un debate público sobre estos temas, que afectan no sólo a este edificio sino a muchos otros, en ciudades donde gran parte del año permanecen semivacíos».


esta carta abierta está llena de mentiras y de falta de información. como no participan de las asambleas no se informan tal como debe ser.
niego rotundamente lo expuesta ya que por amplia mayoría de propietarios se aprobó la obra y también está a disposición el presupuesto de materiales desde el principio. por tal motivo exijo una retractación ante tantas mentiras!!!
propietario del edificio en cuestión !!!!
A ese propietario anonimo, le solicitaria que adjunte la lista de los materiales y el costo definitivo de la obra, así como matrícula del constructor porque los demás propietarios lo desconocemos.
el comentario del propietario anónimo si no da su nombre es sospechosa la veracidad de sus dichos.