Salud Pública Sociedad

Argentina, un oasis del derecho al aborto en América Latina

En una de las regiones más restrictivas en cuanto a los derechos reproductivos, quienes deciden interrumpir sus embarazos pueden pagar con cárcel o con sus propias vidas. Informe del diario español El País.

Por El País

El miércoles 30 de diciembre, América Latina despertó inspirada por una nueva ola verde. Esta vez sí, el Senado argentino aprobó el proyecto que permite el acceso libre, legal y gratuito al aborto hasta la semana 14 de gestación, dos años después de rechazar una propuesta similar. El cambio ha sido posible tras meses de discusión pública, impulsada por las jóvenes, que hicieron que el aborto dejase de ser un tabú y avanzase la despenalización social, haciendo que algunos legisladores cambiaran de opinión. Con esta votación, se sumó al puñado de países latinoamericanos que garantizan el derecho de las mujeres a decidir cuándo y cómo ser madres, algo hasta ahora reservado a las que viven en Cuba, Uruguay, Guyana y la Guayana Francesa, el Estado mexicano de Oaxaca y la Ciudad de México.

Los colectivos feministas ven hoy un poco más cerca que la interrupción segura del embarazo deje de ser un privilegio reservado a quienes tienen recursos, pero el caso argentino no deja de ser un oasis en el acceso al aborto en América Latina. En una región con cinco países que lo prohíben sin excepciones (El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití), el debate tiene otras caras como las de las decenas de salvadoreñas condenadas hasta 30 años de prisión por pérdidas gestacionales o las hondureñas que atienden de manera clandestina una línea telefónica que ayuda a mujeres a acabar con sus embarazos de manera segura, aún a riesgo ser encarceladas. También son historias como la de ‘Esperancita’, una adolescente de 16 años que falleció en 2012 en República Dominicana tras ser diagnosticada con leucemia al inicio de un embarazo y a la que retrasaron la quimioterapia para no afectar al feto. Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de la joven a la que negaron el aborto terapéutico.

“Argentina es una esperanza para toda América Latina”, dice desde El Salvador la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Morena Herrera, quien ha seguido el debate en el Senado argentino durante toda la noche conectada a través de WhatsApp con activistas de otros países de la región. “Es un proceso que mueve las posibilidades en América Latina. Pienso que es muy importante por los argumentos, por la fundamentación, porque en Argentina se ha mostrado que toda la problemática de la clandestinidad e ilegalidad del aborto es un problema de salud que debe ser tratado como tal y que provoca mayores desigualdades porque afecta mucho más a las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, que son la mayoría en nuestros países”.

Según la Organización Mundial de la Salud, sólo uno de cada cuatro abortos que se realizan en América Latina se hace de manera segura y cada vez es más común que las mujeres interrumpan sus embarazos recurriendo a métodos clandestinos o a medicinas como el misopostrol (tradicionalmente usado para tratar úlceras gástricas), adquiridas fuera de los sistemas formales de salud. Además, el Instituto Guttmacher, una organización no gubernamental, estimó que, hasta 2017, más del 97% de las mujeres de la región en edad reproductiva vivían en países con leyes de restrictivas, lo que no impidió que registraran unos 6.5 millones de abortos anuales entre 2010 y 2014.

Solo uno de 4 abortos que se realizan en América Latina, es seguro (OMS)

Por eso, la activista salvadoreña espera que los debates escuchados en Argentina se puedan retomar en países como el suyo donde, dice, no solo se penaliza el aborto, sino que se persigue a las mujeres que tienen pérdidas de embarazos involuntarias y particularmente a las que viven en situaciones de pobreza. “Estoy esperanzada en que abra la posibilidad de reflexionar más allá de sí quiero o no quiero el aborto. Es una problemática más profunda”, apunta.

Además de poder acabar en prisión, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en los países donde está completamente prohibido muchas veces ponen en riesgo su salud, una tendencia que ha identificado la ginecóloga dominicana y defensora de los derechos de las mujeres Lilliam Foundeur. “En República Dominicana, como en todos los países del mundo, la mujeres que quieren interrumpir su embarazo lo interrumpen, aún poniendo en riesgo su vida”, explicó. Y lamentó que, pese a que en su país llevan más de 25 años promoviendo la legalización del aborto en las tres causales básicas (riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto, o que el embarazo sea fruto de una violación o incesto) el Congreso no lo haya aprobado todavía algo que repercute en que el país tenga unas tasas de mortalidad materna “inaceptables”.

Entre los países que han legalizado el aborto y los más restrictivos hay una amplia gama de causales por las que se permite o impide a las mujeres decidir sobre sus cuerpos. Por ejemplo, Bolivia y Colombia contemplan el aborto si no está asegurada la viabilidad del feto, en casos de violación, incesto, o si existe amenaza para la vida, la salud física o mental de la mujer. En otros países, como Chile, donde el aborto se despenalizó solo hace tres años, esa posibilidad se les da a las mujeres cuya vida esté en riesgo o que demuestren la inviabilidad del feto, mientras que en Guatemala y Paraguay, la mujer solo puede abortar si se demuestra que su vida corre peligro. Eso casi equivale a una prohibición de facto que adquiere un cariz si cabe más restrictivo en Venezuela, donde solo se permite en casos de riesgo de fallecimiento de “la parturienta”.

Bolsonaro: “Si de mi depende, el aborto jamás será aprobado”

Las religiones, un lastre

En Brasil, donde abortar es solo legal en tres supuestos, (violación, embarazo de riesgo para la mujer o malformaciones cerebrales del feto), la mujer que quiere poner fin a un embarazo no tiene un camino fácil por delante ni aunque cumpla con las causales previstas por la ley. Eso se debe a que hay una presión permanente de influyentes grupos conservadores, la mayoría religiosos, para complicar el acceso a ese derecho. La presión y las dificultades se dan de varias maneras, entre ellas las artimañas surgidas desde el propio Congreso que, de vez en cuando intenta impulsar nuevas restricciones a las reglas.

Otra traba crónica son los profesionales de salud que recurren a la objeción de conciencia para negarse a atender a las mujeres en esos casos. Solo la mitad de los Estados brasileños tienen clínicas especializadas en ese procedimiento, una situación que ha empeorado con la pandemia. Con la llegada del ultraconservador Jair Bolsonaro al poder, en 2019, también se sumaron nuevas restricciones a través de normas, como una del Ministerio de Salud que obliga al profesional que atienda un caso de violación a comunicárselo a la policía, un paso adicional que no está previsto en la ley.

En septiembre, el caso de una niña de 10 años, que quedó embarazada tras ser abusada por un tío y que quiso poner fin a su embarazo, conmovió a Brasil. Perseguida por grupos religiosos de su pequeña ciudad, con apoyo de los ultraconservadores del Gobierno y sus seguidores, la menor fue obligada a viajar casi 1.500 kilómetros para poderse abortar en otro Estado.

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