Economía Medio ambiente

El off-shore como el Gran Bonete: autorizan, ahora, trabajos con condiciones

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó la medida cautelar del Juzgado Federal 2, de febrero. La noruega Equinor podrá continuar con sus actividades de exploración siempre que sean a más de 300 kilómetros de la costa.

La Cámara Federal de Apelaciones revocó la medida cautelar que frenaba el offshore en Mar del Plata y autorizó los trabajos de sísmica y perforación a poco más de 300 kilómetros de la costa atlántica.

Según el fallo al que accedió Ámbito, se dejó sin efecto la sentencia del juez de primera instancia de Mar del Plata Santiago Martín, que había detenido las tareas previas a la perforación del primer pozo, aunque se fijaron condiciones para retomar los trabajos en busca de gas y petróleo.

El levantamiento de la cautelar llega en momentos en que sectores productivos de Mar del Plata y las empresa a cargo del proyecto Equinor, YPF y Shell evaluaban la viabilidad de la iniciativa, que se estima podría generar exportaciones anuales por más de u$s20.000 millones para el país. Es más, los noruegos ya habían advertido en la apelación presentada que el futuro del offshore y las inversiones en marcha estaban en duda si no se avanzan con una resolución judicial favorable. Según pudo saber este medio, hasta el momento se llevan invertidos unos u$s100 millones repartidos en tres partes iguales.

Desde la Secretaría de Energía a cargo de Flavia Royon difundieron la decisión judicial en Twitter y remarcaron que «la producción offshore presenta una gran oportunidad para el desarrollo económico de nuestro país». Asimismo, destacaron: «Desde el Gobierno Nacional controlaremos y exigiremos que la actividad se desarrolle cumpliendo los máximos estándares de seguridad con el objetivo de cuidar nuestro ambiente».

El retuit de Royon

El fallo fue firmado por los jueces de la Cámara marplatense Alejandro taza y Eduardo Jiménez. En el ítem tres de la resolución determinaron: “Dejar sin efectivo la medida cautelar y autorizar en consecuencia la continuidad de las actividades de prospección que involucran al presente proyecto en los términos dispuestos por esta sentencia”.

Pero el ítem cuatro impone condiciones. En primer lugar establece que deberán incluirse, como “observadores permanentes”, a miembros del equipo “Pampa Azul”, quienes deberán velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca y por la tutela del “Agujero Azul”, así como denunciar a las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades.

El Agujero Azul es una zona que se encuentra a unas 200 millas de la costa argentina, fuera de la zona económica exclusiva argentina, en aguas internacionales, pero donde Argentina tiene jurisdicción exclusiva sobre el fondo marino, por la extensión de la plataforma continental que le fue concedida a nuestro país por la organización de Naciones Unidas en 2016. En julio pasado la Cámara de Diputados lo protegió cn la media sancion a la Ley del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul.

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Otra de las condiciones que impusieron los camaristas fue que las actividades de prospección sísmica no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta 50 kilómetros del sector que comprende la zona denominada “Agujero Azul”.

El Agujero Azul alcanza una superficie de 164.000 kilómetros cuadrados linderos a la Zona Económica Exclusiva, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación. Los objetivos principales del proyecto de ley sancionado son proteger la biodiversidad marina, fomentar la investigación científica y defender los intereses argentinos sobre el mar.

Por último, los jueces exigieron que las actividades propias del proyecto offshore deberán “suspenderse inmediatamente, ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente, tanto por parte de las autoridades administrativas o judiciales como por parte de los responsables de su ejecución”.

La Cámara exhortó a que las autoridades «propicien y mantengan permanentemente un máximo nivel de control sobre las actividades del proyecto, para cumplir con las mandas que el derecho impone en la materia respecto a la tutela del medio ambiente, y para velar por el cumplimiento de cualquiera de las condiciones antes establecidas».

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