Generó polémicas el anuncio del gobierno nacional sobre los cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF). El decreto 274/2025 del 17 de abril indica que no podrá querellar en causas penales sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
A partir de ahora el organismo solo podrá “recibir, solicitar y archivar información” en el marco de ese tipo de investigaciones. En su editorial «Un nuevo golpe a la institucionalidad», el medio La Nación afirma que el decreto falseó la posición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El fundamento en que la UIF no debería actuar como parte querellante por riesgos a su autonomía e independencia, es «una distorsión del informe del GAFI», el cual «no prohíbe la intervención, sino que propone condiciones más seguras para su ejercicio». Así lo afirma el diario fundado por Bartolomé Mitre, que insistió en que esto es parte de un proceso de «vaciamiento de la UIF».
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Por otra parte, el Centro de Estudios en lo Penal Tributario se mostró favorable a la decisión del gobierno. Esta entidad, presidida por Humberto J. Bertazza, opinó que la «UIF debe seguir ejerciendo su poder de policía y, en el proceso, ser un órgano consultivo de los Ministerios Públicos fiscales, pero no tener un rol activo como parte de éste«.
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue creada en el año 2000, con el objetivo de analizar, darle tratamiento y transmitir información para prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) en el territorio de la República Argentina.
Fue recién a fines del año 2002 que empezó a operar formalmente, con el presupuesto y los recursos mínimos necesarios. Desde entonces a intervenido en evaluaciones llevadas a cabo por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo vinculado a la red global del GAFI.
Desde el 8 de abril el nuevo titular de la UIF es el abogado recibido en la UBA, Paul Starc. Fue fiscal federal en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional del partido de Tres de Febrero del año 2006 al 2007, y funcionario del Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad bonaerense entre diciembre de 2007 y febrero de 2010.
El cargo había quedado vacante desde fines de enero, luego de la renuncia de Ignacio Yacobucci. Uno de los motivos del gobierno para su desplazamiento fueron los gastos cuestionables por sus viajes al exterior.
Sin embargo, las tensiones habían aumentado cuando Yacobucci desobedeció las directrices políticas del Gobierno, que le habían indicado no intervenir como querellante en investigaciones relacionadas con posibles casos de corrupción.
Humanidad 
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