El 14 de marzo de 1978, en plena dictadura militar en Argentina, una requisa en el pabellón séptimo de la cárel de Devoto, en la ciudd de Buenos Aires, desencadenó una feroz represión seguida de incendio, que dejó un saldo de 65 presos muertos y más de 80 que resultaron heridos de gravedad. Se trató de la mayor masacre de la que se tenga registro en el servicio penitenciario del país. A 47 años del episodio, que durante décadas se conoció como “el motín de los colchones”, invirtiendo la responsabilidad de los hechos, la Justicia finalmente consideró que se trató de una “grave violación a los derechos humanos” y condenó a dos expenitenciarios por su responsabilidad en la masacre del Pabellón Séptimo.
La noticia fue destacada por el diario El País, de España, en una nota firmada por María Clara Olmos.
En su veredicto, el Tribunal Oral Federal N° 5 resolvió condenar a 25 años de prisión al exdirector del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz y al exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez, por imposición de tormentos reiterados a 88 personas y por tormentos seguidos de muerte reiterados en 65 casos, mientras que decidió absolver al excelador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda. El tribunal consideró que el hecho fue una “grave violación a los derechos humanos” y lo consideró por lo tanto imprescriptible.
Tanto la querella – integrada por las abogadas Claudia Cesaroni, Natalia D’Alessandro y Denise Feldman – como el fiscal general de la causa, Abel Córdoba, habían solicitado para los tres imputados penas de entre 22 y 25 años de prisión y que el delito sea considerado de lesa humanidad.
Durante los alegatos finales, Córdoba consideró que los acusados “mostraron desprecio por la condición humana de las víctimas”, que fueron “destruidas como si fueran residuos”.
Humanidad 
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