Argentina Sociedad

Se prevé “un pico de delitos contra la propiedad”, una vez finalizada la cuarentena

La recién nombrada subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, Garrigós, habló de la reinserción de los presos y de adecuar el reglamento interno a las exigencias de la ONU.

La flamante subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, anunció hoy que uno de sus cometidos urgentes será atender “un pico de delitos contra la propiedad” debido a la crisis económica que, según prevé, ocurrirá una vez finalizada la cuarentena.

En declaraciones al programa “Caimi a las 6”, por AM 750, la exjueza recientemente designada por el presidente Alberto Fernández, señaló que debido a la situación provocada por el coronavirus habrá dificultades de ese tipo “en la Argentina y el mundo”.

Al dar un pantallazo de la situación carcelaria a su cargo, informó que hoy están presos unos 11 mil internos, un número bajo en relación con los arrestos domiciliarios, más fáciles de controlar, según consideró.

“Durante la cuarentena, bajó el índice delictivo”, señaló y avisó que habrá que preparase para “un pico” para cuando finalicen las restricciones por el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

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Dijo que estará satisfecha si durante su gestión logra revincular a los internos con sus familiares, para que las visitas no se conviertan en un drama, y adecuar las condiciones de prisión a las exigencias básicas de las Naciones Unidas. “No es una pavada”, señaló y se mostró muy “entusiasmada” con el cometido asignado por el Gobierno.

De acuerdo con su  trayectoria como miembro de Justicia Legítima, indicó que “la pena no es un castigo” y que cuenta con todo el apoyo de Alberto y Cristina Kirchner para “reformar el Sistema Penitenciario y adecuarlo al siglo XXI”.

Apenas rozó el tema de las “escuchas ilegales” a exfuncionarios y empresarios que estuvieron detenidos, para decir que brindará toda la colaboración que requiera el juez federal interviniente Federico Villena.

Puntualizó que adecuará el reglamento interno penitenciario para cumplir con los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los reclamos de magistrados que lo consideraron “inconstitucional”.

Consideró que el Estado “no debe desperdiciar recursos”. Uno de sus objetivos, precisó, es lograr la reinserción de los presos en la comunidad.

Cuando se le preguntó si había “una mafia” en el servicio penitenciario, contestó con sutileza: “No se está trabajando bien. Hay problemas, pero también hay que tomar en cuenta al régimen al que son sometidos los agentes. Hay que valorizar su tarea. No es sencilla. No están en un jardín de infantes, lidiando con nenes de 3 años”.

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