Como “la enésima evidencia del estado policial de Bolivia”, calificaron los abogados del expresidente Evo Morales, refugiado en la Argentina, su proceso y solicitud de captura a Interpol por supuesto terrorismo dispuesto por la fiscalía del vecino país. Eugenio Zaffaroni y Gustavo Ferreyra sostuvieron en un comunicado : “Las pruebas no existen, la acusación es un disparate igual que el pedido de detención”.
Los letrados señalaron que “Morales lucha por la recuperación del estado constitucional y la democracia”.
El Ministerio Público de La Paz, indicó que hay indicios, como adelantó ayer Humanidad, de que el exmandatario se comunicó desde México con un dirigente cocacolero, para alentar bloqueos y levantamientos, después de ser desalojado por un golpe de Estado, en medio del proceso violento y tumultuoso que concluyó con la asunción de Jeanine Áñez.
En su cuenta de Twitter, algo de lo que también dio cuenta este sitio, Morales denunció una persecución política de la presidenta “de facto”, con pruebas basadas en “un audio adulterado y sin ser notificado”.
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Cerca de las elecciones una comisión de fiscales del vecino país acusó formalmente al líder del MAS depuesto por un Golpe de Estado, por supuestos delitos de terrorismo.
Evo renunció el 10 de noviembre después de 14 años al mando del poder, luego de protestas callejeras generadas tras acusaciones de fraude en las presidenciales de octubre. Ahora, la asamblea legislativa convocó a nuevos comicios para el 6 de septiembre.
Al asumir la defensa en enero, Ferreyra calificó a las nuevas autoridades de Bolivia de representar “a la fuerza bruta”.
“Es un régimen inconstitucional – dijo entonces – no reconocido por el gobierno argentino”. Eso quedó patente recientemente, en una conferencia virtual del Mercosur: el presidente Alberto Fernández, abandonó el encuentro cuando le dieron la palabra por remoto a Áñez.


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