Opinión Justicia

¿Es posible lograr jueces independientes de los partidos de turno?

El estudio de un fallo de la Corte de EE.UU. tiene prioridad en la UBA. El abogado Guido Bastus, opina que una reforma de fondo en la Argentina solo será eficaz si hay consenso entre oficialismo y oposición.

Por Guido Bastus (El Economista)

Contra la intuición general, uno de los primeros fallos que todo estudiante de abogacía aborda en la Facultad de Derecho no es una sentencia de un tribunal argentino, sino de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos: ‘Marbury vs. Madison’, del año 1803.

El caso se plantea en el contexto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para el periodo 1801-1805, donde los contrincantes principales fueron, por un lado, el presidente en funciones John Adams, del Partido Federalista y por la oposición, Thomas Jefferson, del Partido Demócrata-Republicano.

Jefferson se impuso en la contienda. Sin embargo, Adams, dos días antes de dejar su cargo, nombró 60 jueces de su propia orientación política. Luego, en el último día de su gobierno, el Senado -hasta ese día, controlado también por el partido Federalista– aprobó la totalidad de las nominaciones, y el Presidente saliente ordenó como último acto de gobierno la emisión del documento final necesario para que asuman los respectivos roles de jueces: las actas de nombramiento.

En el apuro de la última jornada, el Gobierno de Adams no llegó a entregar las actas de cuatro jueces, entre los que se encontraba Willian Marbury.

Al llegar a la Presidencia al día siguiente, Jefferson ordenó que no se dieran aquellas actas de nombramiento y Marbury, finalmente, jamás pudo asumir como juez.

Doscientos años después, nos encontramos debatiendo dilemas similares. El pasado 18 de septiembre, falleció Ruth Bader Ginsburgjueza de la Corte Suprema de Estados Unidos e ícono a favor de los derechos sociales. Durante sus más de 37 años promovió en sus sentencias la igualdad de género y el derecho al aborto, mientras que repudió la pena de muerte como castigo estatal. En su reemplazo, Donald Trump nominó ante el Senado a Amy Barrett. Una jueza de reconocida carrera académica y judicial de ideales católicos, contraria al aborto y a favor de la portación de armas. Es decir, un perfil de fácil convalidación por el Senado, de actual mayoría republicana.

Trump aspira a que la conservadora Barret reemplace en la Corte a la fallecida progresista Ginsburg

No obstante, teniendo en consideración que las elecciones presidenciales – y de congresales- se celebrarán el próximo 3 de noviembre, según una encuesta efectuada por Washington Post/ABC, el 57% de los estadounidenses se oponen al nombramiento de la nueva jueza antes del pronunciamiento que ocurrirá dentro de casi un mes. 

El problema radica en la legitimidad de dos órganos democráticamente electos (Presidencia y Senado, dominados por el Partido Republicano), pero eventualmente salientes, para seleccionar una jueza que, a priori, podría no encarnar la voluntad mayoritaria del partido que potencialmente resulte el elegido en breves días para los próximos cuatro años.

Sin perjuicio de ello, al mismo tiempo, no resulta menos acertado el razonamiento de Trump, quien en el debate del pasado martes argumentó: “El Presidente y el Senado son elegidos por un periodo de tiempo. El Presidente es elegido por 4 años. No somos elegidos por 3 años. Yo no fui elegido por 3 años”

Entre muchos otros institutos imitados, la Constitución de Argentina adoptó para nuestro país el mismo sistema de nominación de magistrados que el de Estados Unidos: los jueces son elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado.

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Choque de poderes

La Corte tendrá las posiciones de las partes para que tres jueces federales sigan en sus actuales funciones o retornen a las antiguas. El Gobierno no concede.

En estos días, se encuentra en plena discusión la estabilidad de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en sus respectivos puestos. Allí, se debate si la decisión del gobierno anterior de trasladarlos desde los Tribunales Orales Federales a la Cámara Federal de Apelaciones se ajusta a la Acordada 7/2018 de la CSJN, que estipula que el traslado de jueces sin el correspondiente acuerdo del Senado solo se puede llevar a cabo de forma excepcional, para que estos desempeñen, en otros órganos, funciones: 1) de la misma jerarquía 2) misma jurisdicción e 3) igual o similar competencia material.

El punto aquí discutido es el primero: el de la “igual jerarquía de función”. Ello dado que, por un lado, los Jueces de Tribuales Orales y los jueces de Cámaras de Apelaciones poseen normativamente la misma jerarquía dentro del escalafón del Poder Judicial mientras que, por el otro, los Tribunales Orales y las Cámaras de Apelaciones poseen una función judicial eminentemente diferente.

En este sentido, la Corte deberá decidir si el procedimiento de traslado de jueces fue legítimo, o bien, si existe una disimilitud entre las funciones de uno y otro órgano, al punto que no puede prescindirse del acuerdo del Senado para el traspaso de jueces de un lado para el otro.

De este modo, los casos aquí reseñados presentan un desafío común en términos de representatividad: Jefferson, como nuevo Presidente, no estuvo dispuesto a designar como juez a un magistrado nombrado en términos salientes y formalmente deficientes por el Partido Federalista de Adams.

La “grieta” es un obstáculo para lograr una reforma judicial profunda

Joe Biden considera inapropiado que el Partido Republicano de Trump elija, justo antes de que el pueblo se manifieste, un juez que impartirá justicia por largos años a esos mismos electores que están a punto de pronunciarse; mientras que Alberto Fernández y y su vice denuncian las formas con las cuales la administración anterior trasladó jueces a posiciones políticamente estratégicas. Mecanismo, que dicho sea de paso, también fue utilizado por Cristina Kirchner, durante su Presidencia.

Se supone que el necesario acuerdo entre el Presidente de la Nación y el Senado para la designación de jueces constituye un control mutuo para evitar designaciones arbitrarias por las mayorías de turno. Es decir, hemos heredado de EE.UU. un sistema de elección de magistrados con control contramayoritario.

Sin embargo, se observa a lo largo de la historia, en ambos países, un defecto. Una insuficiencia en este sistema de tipo de control: En caso de alineación política entre el Poder Ejecutivo y el grueso del Senado, mayorías esporádicas deciden sobre cargos judiciales prácticamente vitalicios, que trascienden con holgura la temporal y ciertamente volátil legitimidad otorgada por el electorado.

Quizá, sea momento de repensar, en el tintero de reformas constitucionales pendientes (o bien añadiéndolo como un requisito de ley) un mecanismo institucional que obligue a la política a elegir funcionarios judiciales genuinamente consensuados entre el partido gobernante y los partidos de la oposición, de forma tal de que el eventual control del Senado por parte del Poder Ejecutivo no torne ineficaz el sistema contramayoritario.

Así, obtendríamos magistrados más equidistantes e independientes de los partidos de turno. Y se disminuirían los casos en los cuales circunstanciales mayorías en el Gobierno y el Senado condicionan, perpetuamentecon jueces teñidos de una u otra ideología. Con el agravante que éstos, a fin de cuentas, serán los encargados de juzgar a esos mismos poderes.

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