Economía Medio ambiente

Fracking en el Mar Argentino: blanco sobre negro

¿Transición? Son incipientes las protestas en Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar por la decisión del Gobierno de extraer gas y petróleo, con tecnología noruega, holandesa y británica, a 300 kms. de la costa atlántica. ¿Y la energía renovable? Exclusivo.

Por Rubén Chorny

No le había ido bien al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la audiencia pública que convocó el año pasado para tratar el proyecto hidrocarburífero en el Mar Argentino adjudicado a firmas internacionales asociadas a YPF: la noruega Equinor y la holandesa británica Shell.

Aun así, el 31 de diciembre avaló una inversión en tecnologías sucias que “se desvía de la tendencia energética que necesita desesperadamente ir hacia renovables en un entorno de lucha contra el cambio climático», como advirtió a través de la red Linkedin el director de Damasco.co&WarmGood, Tarcisio Mülek, en respuesta a una nota publicada en Humanidad el miércoles pasado.

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La protesta que suscitó la Resolución 436/2021 emanada de la cartera que dirige el excamporista Juan Cabandié fue mucho más allá de la esperable que provendría de la militancia ambientalista: a las fuerzas vivas de las localidades costeras y los concejales pinamarenses y gesellianos, se sumaron científicos, artistas, escritores, periodistas, directores de cine, músicos, asambleas de base en los territorios y pueblos indígenas, que acaban de juntar 300 firmas individuales y 70 institucionales.

El cuestionamiento no pasa sólo por el riesgo de derrames, sino por la técnica sísmica exploratoria para encontrar petróleo en el fondo marino.  

Según la explicación de Greenpace, “funcionan efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean ruidos increíblemente fuertes, tan potentes como el despegue de un cohete espacial, que provocan un impacto en más de 300 mil km2, una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires”.

En el propio país al que pertenece la compañía estatal a la que le autorizaron la propuesta en Argentina, Noruega, ya se impusieron restricciones al fracking marino que, al encarecer los costos y requerir mayores inversiones, la obligaron a salir hacia nuevos destinos menos exigentes, como el nuestro

No es casual que la Royal Dutch Shell se acoplara a Equinor en la incursión al mar austral que acaba de avalar la Casa Rosada, ya que también tuvo que reducir sus extracciones de petróleo y gas en el mar del Norte para bajar la intensidad de carbono que genera en el mundo.

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Por esos lares no son muy tenidos en cuenta estos pruritos y mucho menos cuando hay dólares de por medio.  

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de visita en Villa Gesell, se mostró entusiasmado con los montos en juego: “Por lo que sé hasta ahora, en el único lugar que perforaron hay 32 mil millones de dólares. Para la provincia, podría ser una actividad económica muy importante. Para ustedes, también”, indicó en declaraciones a la prensa regional.

El ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner agregó sin embargo que “la cuestión ambiental es importante, hay que asegurarse que estos pozos se hagan con todo el cuidado que haga falta”.

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, del Ministerio de Ambiente nacional, Sergio Federovisky, aclaró al respecto que se “solicitó para avanzar en el aval a esta exploración que fuera puesto en negro sobre blanco cuál iba a ser la transición energética propuesta por la Secretaría de Energía y por los oferentes para compensar con energía eólica, solar, las emisiones de gases efecto invernadero potenciales que tuviera esta exploración cuando fuese explotación y no poner en riesgo los compromisos internacionales que asumió Argentina en esa materia”

Kicillof entusiasmado con la «transición económica», con «cuidados ambientales»

En rigor, ni la cartera energética ni mucho menos las compañías autorizadas a operar en la cuenca norte del espacio marítimo argentino están en condiciones de brindar esas respuestas. 

La única posibilidad a la vista para hacer crecer la participación de las energías renovables descansa únicamente en que sean reasignados los PPA (Power Purchase Agreement) adjudicados, pero aún no concretados. 

La Secretaría de Energía se enfocó en regulaciones para hacer que a la larga otras empresas puedan activarlos y así incrementar en aproximadamente un tercio la actual generación de MW.

Y paremos de contar. En declaraciones a Bloomberg, Bernardo Andrews, Ceo de Genneia, la principal productora de energía renovable, que posee 18 centros de generación para los que se invirtieron 1000 millones de dólares desde 2016 y un proceso de refinanciación de deuda por más de 500 millones, afirmó que existen cuellos de botella para nuevos proyectos en casi todas las regiones en los que nada tienen que ver la inseguridad jurídica o la inestabilidad económica. Se deben a un problema de infraestructura. 

Obedecen a que los sucesivos gobiernos omitieron ampliar la capacidad de transmisión disponible con obras concretas que la expandieran, tanto en materia de líneas como de estaciones y subestaciones transformadoras.

Algo parecido a lo ocurrido con los gasoductos y la logística para mover la producción de petróleo y gas desde Vaca Muerta a los centros de consumo y a los puertos de embarque en el Atlántico.

Esta discusión recién empieza, dijo el especialista Mülek.

La dirigencia política de ambos lados de la grieta omite sincerar la dificultad para cambiar la tendencia de las emisiones, que dejen de crecer e iniciar una dinámica de reducción. Y la instalación de plataformas en el mar lo único que conseguirá es incrementar la oferta de la energía hidrocarburífera en la matriz eléctrica nacional en vez de achicarla.

Tanto el crecimiento del aporte de carburantes como el estancamiento en las inversiones en nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos alejan aún más el objetivo de que en 8 años las alternativas renovables ocupen el 70% de la torta energética.

Podrá ser un cuello de botella pero no un callejón sin salida. Aun con las limitaciones de infraestructura en el sistema eléctrico nacional, la energía renovable podría compensar ese déficit en la capacidad de transmisión de las líneas troncales si el crecimiento se encarara por el lado de los polos fabriles básicos electrointensivos, como los metalúrgicos, químicos, siderúrgicos y de gases industriales, en los que el valor de la potencia puede ocupar hasta la mitad de lo que cuesta producir.

Los grandes usuarios del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) vienen mostrando un gran interés por ejecutar contratos en el MATER (mercado a término) y comprar energía eléctrica de fuente renovable. 

Es que los grandes industriales tienen un mandato, espontáneo o de sus casas matrices, para tener un componente renovable en su consumo energético. Los clientes empujan el desarrollo de energía renovable, y Cammesa está a nivel político preparada para inyectarla en la matriz energética.

Cumplir el objetivo de la Ley 27.191, de ampliar la participación de la energía renovable en la matriz eléctrica nacional, sería factible a condición de que haya voluntad política, en el marco de un escenario de crecimiento de la demanda y de la economía.

La energía renovable compite con cualquier alternativa térmica inclusive el gas natural.

“El desarrollo sí o sí tiene que incorporar la variable ambiental”, admitió Federovisky, con el otro puño con el que firmó el aval para la exploración y explotación offshore de hidrocarburos.

“Tenemos posibilidades de generar procesos de transición energética”, tras remarcar que “no se pueden obtener dólares a cómo dé lugar porque deja un pasivo para el Estado argentino a costa de la exportación”.

No obstante, dividió tales apreciaciones en la curva temporal. “Si bien necesitamos dólares en el plazo más perentorio, en el mediano plazo puede ser una buena estrategia, como sucedió positivamente en países como Noruega, Holanda, tener el stock pero sin gastar el flujo. Saber cuánto gas y petróleo hay, pero al mismo tiempo desarrollar energías alternativas para no gastar el stock”, dijo en defensa de la medida.

Se cubrió diciendo que “el Ministerio, frente al estudio de impacto ambiental, exigió muchos niveles de estándar ambiental que no estaban previstos en la cuenca”.  

Sin grieta: los políticos, por ahora, no se sumaron al debate

Reconoció no obstante que “no hay ley federal de impacto ambiental, sino estudios que hacen los oferentes y los evalúa el Estado. Así surge de la normativa vigente, de la cual podemos valernos, al igual que sucede en todo el planeta”. 

Lo corroboró el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) a través de su cuenta de Twitter: “Por primera vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participa en la aprobación de los estudios de impacto ambiental”.

Lo cierto es que Argentina tiene actualmente un valor de emisiones per cápita superior al promedio mundial y que se comprometió a no superar este año los 359 MtCO2e. Aún así, – dicen los que ponen razonables reparos – le aprueba a compañías petroleras europeas un proyecto de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en la Costa Atlántica que marcha a contramano de la promesa de sumar al país a un entorno de lucha contra el cambio climático, de cuyas consecuencias somos víctimas, como lo demuestra la ola de calor de este verano. 

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