Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de 4 miembros actual, escribió que «hay consenso» sobre que el Poder Judicial argentino «necesita reformas profundas» y que «hay un desacuerdo permanente sobre cuáles son esas reformas». En ese contexto, en un largo artículo publicado en Infobae (https://www.infobae.com/opinion/2022/02/06/politicas-de-estado-para-el-poder-judicial/), indicó que se asiste «a un fenómeno típico de la cultura mediocre: los problemas no se resuelven, sino que se trasladan».
Tras historiar su gestión al frente del máximo tribunal del país (hoy a cargo de Horacio Rosatti), y blanco del Gobierno, que organizó una marcha callejera en su contra el pasado primero de febrero, Lorenzetti sacó varias conclusiones.
Entre ellas, se destacan: reformas enfocadas en la demanda social y no en las disputas de poder (procesales, gestión, información y el modo de lograr juicios rápidos y justos; y en la independencia, que en su criterio «se proclama y no practica, con el diseño de mecanismos institucionales de control».
Abordó capítulos como la coordinación para combatir el narcotráfico y lograr el acceso a la justicia y dar una respuesta categórica contra la violencia doméstica.
Puso el acento en la Unidad de Superintendencia de los Delitos de Lesa Humanidad, «un ejemplo a nivel internacional», según destacó. Además, expresó preocupación por la justicia ambiental y la lucha contra la corrupción y no descuidó el tema carcelario ni las consecuencias de los fallos de la Corte sobre la economía.
Abordó Lorenzetti otras cuestiones polémicas (el presupuesto y oficinas de escucha, entre ellos) y señaló como principio que «la inamovilidad en los cargos, es esencial para que el juez pueda decidir sin temores a ser removido».
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