Con el respaldo del Gobierno y un pedido de colaboración a Estados Unidos – efectuado por la vice Cristina Kirchner al embajador Marc Stanley, el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó ayer un proyecto de ley que propone crear un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con «un aporte especial de emergencia» de aquellas personas que tengan bienes en el exterior «que fueron fugados y no están declarados ante el fisco».
La iniciativa fue presentada luego de que el Gobierno firmara el acuerdo con el organismo multilateral de crédito para modificar los plazos de devolución del crédito de más de 44 mil millones de dólares adquirido durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que recibió el aval parlamentario y la reciente ratificación del FMI.
Según el documento difundido, el aporte «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero».
Los alcanzados por esta iniciativa deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
Según se indica en el proyecto de los senadores, se estima que hay casi 420 mil millones de dólares de argentinos «en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país», de los cuales está declarada aproximadamente solo una sexta parte.
El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.
La norma también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, «cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina».
Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del «colaborador», que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.
Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.
En ese sentido, para poner en vigencia esa figura se informó que «se presentará otra iniciativa que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal», lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.
Al defender el proyecto, la senadora del FdT, Juliana Di Tullio dijo hoy por radio que el nuevo impuesto serivrá para que la deuda con el Fondo «la paguen los que lavan dinero», previo pedido que se «levanten los secretos fiscales, bursátiles y bancarios» que permitan buscar a quienes son «básicamente delincuentes».
Dijo que se «escuchó lo que le pasa a la mayoría del pueblo argentino» y comentó que «hay reportes sospechosos en todos los bancos…lo que hace la ley actuar es protegerlos o si no, no se hubieran fugado tantos dólares».
Ante la pregunta de si el Estado tomará la investigación periodística de los Panama Papers para encontrar evasores, la diputada contestó: “Puede ser posible”.
Consultada sobre cómo se decidiría a quién investigar y de qué forma, la senadora contestó: “Hay que confiar en el Estado. El Estado es el que va a investigar y las listas las brindan los bancos. Es fácil ubicar cuál fue el primer movimiento de capitales sin declarar en la Argentina, cuánto y quién. No vamos a buscar el paraíso fiscal, se le va a decir a esa persona que fugó que se puede allanar y pagar Bienes Personales o se inicia una investigación”.
Por otra parte, señaló: “No hay plazo de tiempo para atrás para investigar [esas fugas], pero como máximo se puede investigar 20 años para atrás”.
- Con información de Télam y La Nación
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