Por Horacio Verbitzky (El Cohete a la Luna)
El jueves 22, el Senado dio media sanción por 36 a 33 al proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema de Justicia, para que pase a integrarse con 15 miembros. Antes de comenzar la sesión, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina y el Instituto para el Desarrollo Empresarial, IDEA, pidieron a los senadores que no lo hicieran, una opinión que nadie solicitó y que no forma parte de las atribuciones de las entidades patronales.
Un acuerdo del oficialismo con el puntano Adolfo Rodríguez Saá, el rionegrino Alberto Weretilneck, la neuquina Silvia Sapag, la misionera del monobloque Renovar, Magdalena Solari y la cívica riojana Clara Vega, quien completo su viaje de ida y vuelta entre el peronismo y Cambiemos, permitió avanzar, en una sesión a la que no asistió la Vicepresidenta CFK, porque sobraban los votos para aprobar el proyecto.
La oposición recién ingresó al recinto cuando la mayoría formó el quórum que sus bloques intentaron negarle. Horacio Rodríguez Larreta, obligado a sobreactuar posiciones inflexibles para que no se lo coman crudo Mauricio Macri y Patricia Bullrich, declaró con solemnidad que no permitirían su aprobación en la Cámara de Diputados y acusó al gobierno de buscar impunidad.
Aunque la ampliación se puede resolver por mayoría, la designación de los jueces requiere los 2/3, que el oficialismo no tiene. La reciente senadora Carolina Losada preguntó cómo conseguirían nombrar once nuevos jueces si ni siquiera pudieron reemplazar a la única mujer que había en la Corte y que renunció. Esa pregunta soslaya la posibilidad de negociaciones políticas con diversos sectores de la oposición, que crecería cuatro veces respecto de la situación actual. Pero también (Losada) se refirió a los oficialistas como delincuentes y mafiosos, porque ese es el tono que imponen al debate político.
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La marcada partidización de la Corte Suprema (integrada por tres peronistas antikirchneristas y un antiperonista liberal), y los tribunales penales federales de la Capital, donde además el 90% de sus integrantes usan corbatas (4 a 0 en la Corte Suprema; 11 a 2 en la Cámara de Casación; 10 a 2 en la Cámara de Apelaciones; 24 a 3 en los Tribunales Orales) produjo hartazgo, sobre todo en el interior, y esto favoreció la media sanción, con un criterio federal y con paridad de género.
La sanción en Diputados no está asegurada y, si se produce, llevará más tiempo. Luego vendría el proceso de designación y confirmación de quienes ocuparían los nuevos asientos, que tampoco sería fácil. Pero en todo caso, se trata de que la política destrabe una situación de bloqueo que oscila entre desvirtuar las instituciones y paralizar su funcionamiento.
Durante el debate, Anabel Fernández Sagasti dijo que el consenso que reclama la oposición es que no se toque el tema. Macri sostuvo que debido a la ampliación de la Corte no vendrían inversiones al país, un lugar común más falso que billete de tres dólares. Con 27 miembros en su máximo tribunal, la Unión Europea debería ser un páramo desierto de inversiones, igual que Francia con sus 18 jueces supremos y sus seis salas, los 16 de Alemania divididos en dos salas, o Japón donde sus integrantes son 15, lo mismo que en Taiwan. Por no hablar de China, donde los supremos son centenares (NR: el columnista no aludió en este caso a la de Estados Unidos, de 9 cortesanos, modelo identificado por Ricardo Lorenzetti con el que se identifica la Argentina).
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