Todos los iraníes sospechados de terroristas, abandonaron la Argentina por falta de mérito

José Pablo Criales (El País)

Los últimos cinco tripulantes de un avión de carga venezolano retenido en Buenos Aires abandonaron ayer la Argentina. Después de tres meses y medio aislados en un hotel en la periferia bajo la sospecha de que mantenían vínculos con el terrorismo, un juez federal autorizó su salida tras establecer que no existen pruebas consistentes para procesarlos. Los tres ciudadanos iraníes y los dos venezolanos que partieron hacia Caracas eran los últimos de 19 tripulantes detenidos desde el pasado 8 de junio. Su silenciosa partida no es un punto final. Aunque todos los tripulantes ya se encuentran fuera del país, el avión sigue incautado en el aeropuerto internacional de Ezeiza a pedido de un fiscal de Estados Unidos.

La aeronave de la empresa Emtrasur, subsidiaria de la aerolínea estatal venezolana Coinvasa, fue retenida en Ezeiza hace más de tres meses, durante su segundo aterrizaje en una semana en Buenos Aires. El avión, que transportaba autopartes desde México, había hecho una escala de dos días en la capital argentina antes de partir hacia Uruguay, pero tuvo que volver al aeropuerto del Gran Buenos Aires con los últimos restos de combustible después de que se le negara el aterrizaje en Montevideo.

El avión quedó varado después de que ninguna petrolera quisiera venderle gasolina por miedo a ser sancionadas por Estados Unidos. Según las primeras investigaciones, el Boeing 747 Dreamliner era una adquisición reciente de Emtrasur: la compañía venezolana compró el avión a Irán en enero pasado, después de que formara parte durante 15 años de la flota de su propia aerolínea estatal, Mahan Air. La transferencia entre dos empresas sancionadas por EE UU levantó la sospecha de Washington, que acusa a ambas de prestar servicios de logística a grupos terroristas.

La negativa uruguaya – y la primera escala inadvertida del avión en Buenos Aire -, generó una tormenta política. Ante las quejas de la oposición, el ministro de Interior, Aníbal Fernández, admitió que el Gobierno recibió información “que advertía de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán”. La situación no era menor: Argentina lleva más de 20 años detrás de algunos miembros de Al Quds por el ataque terrorista que en 1994 mató a 85 personas en la sede de la AMIA, la mutual judía en Buenos Aires, en el que fue el peor atentado terrorista en la historia del país. Dos años antes, un coche bomba había destruído la sede de la embajada de Israel en Argentina, un ataque que dejó 22 muertos.

***Solo quedó en el aeropuerto de Ezeiza, el avión venezolano de carga***

La comunidad judía argentina es muy crítica de la investigación sobre los atentados, y los vínculos históricos del kirchnerismo con Venezuela e Irán son una de sus heridas más recientes. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que pidió a la Justicia investigar la aeronave, no perdona a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner el memorando que firmó en 2013 (NR: con aprobación del Congreso) con Teherán para facilitar la declaración de los iraníes acusados por el atentado. El texto fue aprobado por el Parlamento, pero nunca entró en vigor porque su par de de Irán lo rechazó, ya que varios de los implicados han sido funcionarios. El pacto de entendimiento con Irán le costó a la entonces presidenta Kirchner una causa judicial por presunto encubrimiento. El fiscal que la investigaba, Alberto Nisman apareció muerto en su departamento cuatro días antes de presentar su informe, en circunstancias que aún no están claras.

La DAIA había pedido prestar atención a uno de los pilotos del avión, Gholamreza Ghasemi Abbas, que ha sido uno de los últimos tripulantes en abandonar el país, este martes. Su nombre, filtrado en la lista de pasajeros detenidos en junio, coincidía con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria y administrador de una empresa ligada Al Quds, según admitió el ministerio de Interior argentino.

¿Qué hacía Gholamreza Ghasemi a bordo de un avión de carga venezolano? ¿Por qué un avión que necesita cinco tripulantes transportaba a 19? ¿Qué hacía el avión en Sudamérica? No hay aún respuestas a esas preguntas. La querella impulsada por la DAIA ha desembocado en una resolución a cuentagotas: en el último mes, todos los tripulantes fueron liberados tras las indagatorias. El juez federal a cargo del caso, Federico Villena, estableció falta de mérito: consideró que no tiene elementos suficientes para acusar a los imputados.