El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, a despecho de Mauricio Macri, del licuado PRO, hizo ganar a la Alianza La Libertad Avanza en la Quinta Sección electoral, el domingo pasado. Sin embargo, no evitó que el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de su área, manifestara «profunda preocupación» por su proceder.
El malestar está motivado por unas declaraciones suyas contra la jueza Mariana Irianni, quien en la previa de los comicios determinó que el transporte público fuera gratuito para permitir que los electores se desplazaran para votar.
“El estado de derecho requiere del respeto a la división de poderes y, en particular, a la independencia judicial”, señaló la entidad.
“Para el diálogo institucional fecundo de los poderes del Estado es indispensable el apego a ultranza de los principios republicanos que emanan de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, las que establecen los mecanismos revisores pertinentes en caso de disconformidad”, agregó.
Montenegro había dicho que “una jueza penal de Menores, que debería estar ocupada en no soltar delincuentes” decidió que en Mar del Plata el transporte público “lo paguen los vecinos”.
El intendente apuntó que esa determinación obligaba al municipio a adherir a una resolución del Gobierno bonaerense que les iba a costar a los vecinos “$300 millones”.
“Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón que los colectivos sean gratis. Los argentinos ya lo aprendimos: cuando algo es gratis alguien lo termina pagando”, añadió.


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