Economía Política Opinión

Hasta dónde el Estado debe intervenir en los servicios públicos

Una visión contrapuesta a la del exvocero del "echado" exministro macrista Aranguren, expone el investigador y docente Pinazo, en esta nota reproducida por Artemio López. Un debate latente en estos días calientes de cortes energéticos.

Germán Pinazo (rambletamble.blogspot.com)

Si no se ajustan las tarifas, las empresas no invierten, pero si se ajustan tampoco. Es útil recordar algunos datos de la realidad de los servicios públicos en Argentina cuando, una vez más, volvemos a discutir sobre un supuesto retraso tarifario. Entre diciembre de 2015 y diciembre 2019, según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNA), las tarifas de Electricidad, Gas y Agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentaron un 1925 por ciento, 974 y 818 por ciento respectivamente, contra un crecimiento de los precios minoristas del 290 por ciento. Es decir, crecieron casi 7, 3 y 3 veces lo que crecieron los precios en minoristas.

Ahora bien, ¿este aumento tarifario se tradujo en incrementos de inversión? Claro que no. Si miramos los balances presentados por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, por ejemplo, Edenor invirtió menos en 2017 que en 2015 (descontada la inflación), y Edesur incluso menos que en 2014. Hablamos del 2017 porque es antes de que implosionara la “estrategia” macroeconómica de Cambiemos y de que las sucesivas devaluaciones erosionaran los aumentos en dólares de las tarifas. Efectivamente, entre 2015 y 2017 las tarifas de estas distribuidoras eléctricas crecieron al menos más de 5 veces en dólares.

Lo interesante es que durante esos mismos años, los grupos que controlaban a esas empresas aumentaron sustantivamente sus inversiones, aunque lo hicieron no en activos productivos sino financieros.

El asunto es que, desde un punto de vista de la racionalidad empresaria estrictamente privada, este tipo de comportamientos no carece de lógica. Es aquí entonces que resulta útil recordar que, contrario a lo que comúnmente se piensa, la participación del Estado en la administración de los servicios públicos está lejos de ser patrimonio exclusivo de un número reducido de países díscolos o “populistas”. En el caso de la energía, por ejemplo, parece ser más bien todo lo contrario.

Ayer, Humanidad, reprodujo dichos de Bianchi, exvocero de Aranguren

En un informe reciente (“Empresas de control Estatal y la transición hacia el menor consumo de carbón”), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló que, pese a la ola de privatizaciones que el mundo había vivido durante las últimas décadas, las empresas con algún grado de participación estatal explicaban el 62 por ciento de la generación de energía eléctrica del mundo, alrededor de 3750 GW en 2016.

Es más, allí se indicó que la participación estatal está lejísimos de ser la excepción tanto en la generación como en la distribución de energía. Entre las 50 mayores generadoras del mundo hay empresas 100 por ciento controladas por el Estado en países tan disímiles como Estados Unidos (Tennessee Valley), Canadá (Hydro-Quebec), México (México Federal), Indonesia (PT PLN Persero) y Sudáfrica (Esko Holdings). Y en lo que refiere a la distribución hay empresas totalmente estatales como en Suecia (Vattenfall) y empresas donde el Estado es el mayor accionista; como en Italia, donde el Estado posee el 23 por ciento de Enel, la segunda empresa distribuidora del mundo en términos de facturación, o como en Francia, donde el Estado es el principal accionista de EDF, la tercer mayor distribuidora mundial.

El mundo, al que hay que volver y del que tanto nos hablan, está en otro lado. Es absolutamente imposible pensar en Argentina que los servicios públicos van a mejorar sustantivamente y que van a tener un impacto social positivo si no se discute algún tipo de participación del Estado en las empresas prestadoras de los mismos.

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