Denuncia penal contra el directorio de Edesur por la interrupción del suministro eléctrico

El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), denunciará penalmente hoy a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandonó de persona, según informó anoche la secretaria del área, Flavia Royón.

Al mismo tiempo exigirá a la Comision Bicameral de Seguimiento de las concesiones de servicios públicos, para que aconseje qué medida drástica deberá adoptarse ante los problemas que, con estas temperaturas agobiantes, están sufriendo cientos de miles de argentinos por falta de luz.

Previamente, el interventor del Enre, Walter Martello, explicó por qué se pretende que la italiana Enel sea apartada de la operación. Sostuvo que  que la continuidad del contrato de la distribuidora Edesur «merece un debate parlamentario serio» en el Congreso «para que la sociedad sepa quién está defendiendo este tipo de intereses».

«Resultaría muy interesante ver la cara de quien no está de acuerdo» en la discusión sobre «la situación gravosa de Edesur y cómo fundamenta su continuidad, porque hay situaciones que tienen que estar ajenas a la cuestión política», expresó Martello en declaraciones radiales.

El funcionario se refirió a la decisión del Ente de enviar al Congreso, en los próximos 90 días, un informe en el que se analizará y evaluará el desempeño de la prestación del servicio público de distribución eléctrica de Edesur, «y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión».

Al respecto, señaló que «en comparación con Edenor (la otra distribuidora del Área Metropolitana de Buenos Aires), el tiempo de reposición es distinto».

«La temperatura no es la excusa, sino la falta de inversiones, aun cuando tuvieron, no hace tanto, casi un 3.000% de aumento en la tarifa«, acotó.

Asimismo, manifestó que el plazo de 90 días que fijó el ENRE para enviar el informe al Congreso se debe a que «no se quiere dejar ningún flanco abierto» ante eventuales demandas judiciales de Enel, la controladora italiana de la empresa que adelantó su decisión de rescindir el contrato de concesión.

Martello indicó que en Enel «han contratado a un estudio internacional de abogados para litigar ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en caso de la rescisión».