Economía Política

Caminos necesarios para el Gobierno: Medio Ambiente y Desarrollo

El oficialista Página 12 - en un tema en el que hizo punta Humanidad -, informó sobre el punto de encuentro entre el cuidado del medio ambiente y la necesidad de conseguir divisas con la extracción del petróleo y gas en la Costa Atlántica, por caso.

Por Natalí Risso (Página 12)

Las granjas porcinas, la salmonicultura en Usuahia, la minería en Esquel y la extracción de petróleo y gas en la Costa Atlántica. Son cada vez más y más escuchadas las demandas de un sector de la sociedad que pone foco en el cuidado del medio ambiente. Mientras tanto, la necesidad de divisas para sostener un crecimiento económico necesario para combatir el 40,6 por ciento de pobreza presiona en la búsqueda de inversiones y generación de empleoPágina 12 consultó a ambas partes para correrse del tema del momento y entender qué hay detrás de cada lucha, qué se pretende del Estado y dónde están los puntos de encuentro entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la actividad productiva, tal como lo plantea el modelo económico actual. 

Más allá de las chicanas por redes sociales o en cinco minutos de espacio al aire, el punto de encuentro existe. Las y los especialistas consultados por este diario coinciden en transitar hacia un modelo económico con foco en el desarrollo de actividades verdes capaces de generar divisas pero con menor impacto ambiental, como el hidrógeno verde, los autos eléctricos o servicios basados en el conocimiento que no dependen directamente de la extracción de recursos naturales para funcionar. En la transición energética y la economía circular. La diferencia está en el camino.

Hoy más de la mitad de las exportaciones argentinas vienen de sectores intensivos en recursos naturales, como la agroindustria, los hidrocarburos y la minería. «Y al menos en la próxima década, los sectores en los que se encuentran más posibilidades para multiplicar exportaciones son en hidrocarburos, como Vaca Muerta y las offshore, y minería sobre todo litio y cobre, ambos fundamentales para la transición energética hacia las energías limpias», explica Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Produccion CEP XXI del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

«También tenemos que potenciar las exportaciones de las industrias lejanas a los recursos naturales, de servicios basados en el conocimiento y de sectores nuevos, que se están realizando vía diferentes herramientas de política pública. Ahora bien, estos sectores tardan en madurar, y en el mientras tanto, ¿cómo logramos tener los dólares necesarios para que los ingresos de 45 millones de compatriotas crezcan? Ahí, la minería y los hidrocarburos van a ser totalmente fundamentales», define.

«Para incrementar capacidades y conocimiento del sector productivo es necesario apalancarse en los recursos naturales que tenemos. Pensar en acelerar el crecimiento de actores clave en el sistema como INVAP o IMPSA sin explotar esos recursos es un esfuerzo mucho más grande. Yo no veo que esos costos adicionales hoy estén sobre la mesa de discusión, sino que se plantea no hacer determinadas actividades y ya», complementa Nicolás Pertierra, economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Y coincide en el desarrollo de servicios basados en conocimiento como una posible gran fuente de ingresos de dólares, pero no inmediata. 

Sin embargo, complejiza aun más el análisis: «Lo que falta es trabajar sobre la demanda de dólares, además de las fuentes. Esa es la tarea de la macroeconomía y caemos en la cuestión del bimonetarismo, porque implicaría que demandemos menos dólares para ahorrar, por ejemplo».

Schteingart continúa su justificación con números: «Quienes critican el “extractivismo” suponen que los países desarrollados no explotaron sus recursos naturales y que sólo pudieron desarrollarse importando materias primas de la periferia. Eso es falso: en todo caso, hicieron ambas cosas». Menciona el caso del desarrollo de Estados Unidos gracias a la minería que, además, posicionó al país como potencia en fracking; a la explotación del carbón como condición necesaria para la revolución industrial, a la salmonicultura y el offshore en Noruega: «Australia y Canadá son potencias mineras. En todo caso, estos países utilizan los recursos naturales como plataforma para desarrollar otros sectores. El 60 por ciento del software usado en las minas a nivel mundial es australiano, por ejemplo».

Desde el ambientalismo ponen en jaque esas actividades que parecieran ser parte de la solución a la escasez de divisas del país: «Nos tenemos que preguntar para qué se hace cada actividad, si la mina va a extraer minerales para una empresa extranjera dejando miles de litros contaminados en nuestro país o van a ser utilizados para industrializar el país y desarrollar, por ejemplo, energías renovables», insisten desde el Equipo de Investigación y Política para la Sostenibilidad de Eco House Global. Aceptan que la transformación del modelo productivo también va a generar impactos y va a necesitar de bienes naturales, pero resaltan la importancia de tener un horizonte que guíe las decisiones: «Por eso es fundamental que existan planes de acción intersectoriales con metas claras y pasos a seguir, bien definidos, que orienten la toma de decisiones y la aprobación (o no) de proyectos productivos. Para eso es clave que se sancione una Ley Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental».

«Acusar de extractivistas a ciertos desarrollos que aún están en etapas incipientes puede servir para poner el acento sobre la necesidad de que la política pública piense medidas alternativas para potenciar la actividad, que la lleven a construir un tejido institucional más completo. Un ejemplo es el caso del litio y la necesidad de avanzar en la fabricación local de algunas baterías para vehículos eléctricos como mecanismo para generar más riqueza», rescata la economista Mara Pedrazzoli, miembro de Paridad en la Macro y del departamento de Economía Política del CCC.

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Uno de los principales argumentos de quienes cuestionan la forma de acumulación de riqueza actual tiene que ver con el verdadero impacto de las divisas que hoy entran gracias a la minería, el petróleo y la agroindustria. «Hoy hay ingreso de divisas en Argentina pero el gran tema es que no las vemos. ¿A dónde van, a quién se destinan estas divisas? No es sólo una cuestión de que faltan dólares, es un debate mucho más incómodo», plantea el licenciado en gestión ambiental e integrante del Grupo de Estudios Geopolítica y Bienes Comunes de la UBA, Gustavo Romeo.

Pertierra entiende que no son dos discusiones excluyentes: » El Estado puede fomentar al sector productivo competitivo a nivel internacional para la generación de dólares con los controles necesarios que absolutamente puede llevar adelante, y debe poner otro ojo en la cuestión social dando respuesta a las demandas sociales concretas. Las casas que necesita la población, la infraestructura de cuidado, las mejoras medioambientales en los barrios y los saneamientos de cuencas donde viven millones de personas no se van a hacer por el derrame de explotación de metales o hidrocarburos. Eso también tiene que ser parte de la política pública», asegura. 

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¿Transición? Son incipientes las protestas en Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar por la decisión del Gobierno de extraer gas y petróleo, con tecnología noruega, holandesa y británica, a 300 kms. de la costa atlántica. ¿Y la energía renovable? Exclusivo.

Otro punto de contacto entre ambas posturas tiene que ver con la necesidad de intervención del Estado. Las diferencias ese encuentran en la confianza en las capacidades del Estado, sobre todo como regulador. Por eso, de nuevo, la diferencia en el camino: mientras los desarrollistas confían en una estricta regulación del Estado para que impacten lo mínimo posible en el medio ambiente, desde el ambientalismo lo ven débil en la correlación de fuerzas frente a las grandes empresas que realizan estas actividades.  

«Muchos dicen que el rol del Estado es controlar y regular, pero a mi criterio eso sería simplificar la situación. Primero porque las empresas transnacionales extractivas tienen un poder tan grande que superan la capacidad de muchos estados provinciales que son los que tienen la potestad sobre los recursos naturales», asegura Romeo. Y agrega: «La normativa en materia ambiental es de avanzada, pero los recursos con los que cuenta el Ejecutivo no son suficientes». 

«El Estado puede regular bien», apunta Schteingart. «Y lo vemos todos los días. Nos vacunamos y compramos remedios y alimentos porque confiamos en organismos como la ANMAT. Cargamos nafta en una estación de servicio y no nos explota el auto. Tomamos agua de la canilla. El Estado tiene capacidades regulatorias y nuestras políticas ambientales van a tender a ser mejores en la medida en que podamos crecer y salir de las crónicas recesiones. En otros términos, no hay nada más antiecológico que la pobreza», defiende y concluye: «Produzcamos con buenos estándares y regulaciones, potenciemos los encadenamientos productivos. Prohibir actividades pensando que son «el mal» y bajo consignas catastrofistas es fabricar desocupados y pobres, cuando lo que necesitamos es exactamente lo contrario para una patria más justa, libre y soberana».

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